En Derecho romano, las fórmulas "sponsio", "promittere" y "fidepromittere", equivalentes a nuestro actual "prometo" se utilizaban para contraer la obligación de cumplir algo y, en caso de incumplimiento, el contrayente podía ser demandado y llevado a juicio para que pagase.
En la actualidad, las promesas con menos credibilidad en nuetsra sociedad son las que provienen de los discursos políticos, de cuyo incumplimiento surge la denominada "responsabilidad política" por autores como Soriano o de la Rasilla. Es curioso, sin embargo, que mientras las antiguas estipulaciones a modo de promesa sobreviven en nuestro Código Civil tímidamente, nunca se haya legislado contra la actuación irresponsable de los políticos. En primer lugar, la irresponsabilidad política no es punible en España, ya que no es posible multar a un político que miente o que cambia repentinamente de parecer, en segundo lugar, la inmunidad parlamentaria blinda a los congresistas y a los senadores ante el poder judicial, ya que no pueden ser procesados mientras ejercen su cargo, a no ser que la Cámara lo permita por mayoría, y, en tercer lugar, cuando se actúa perjudicialmente para un municipio o administración superior legítimamente y es necesario reparar los daños, la persona jurídica sobre la que recae la obligación de correr con los gastos es el ente estatal y nunca ni en parte el político.
Estos tres escudos, unidos a la escasa participación política ciudadana, a las pocas vías que tiene el pueblo para expresarse y al constante dominio de los medios de comunicación de masas provocan que el político se sienta como algo parecido a un dios que puede hacer y deshacer a voluntad, siempre que no contradiga al jefe del partido. Si metemos en el saco un sueldo nada deleznable y popularidad a raudales, ser político hoy en día es el negocio perfecto, y negociar sobre las arcas públicas siempre va en detrimento de todos los contribuyentes. Hacen falta, pues, muchas reformas en leyes como la LOREG, reguladora del Régimen Electoral General, un mayor apoyo a las ILP (iniciativas legislativas populares) y un aumento de la frecuencia de las consultas populares a través de referendos.
En la actualidad, las promesas con menos credibilidad en nuetsra sociedad son las que provienen de los discursos políticos, de cuyo incumplimiento surge la denominada "responsabilidad política" por autores como Soriano o de la Rasilla. Es curioso, sin embargo, que mientras las antiguas estipulaciones a modo de promesa sobreviven en nuestro Código Civil tímidamente, nunca se haya legislado contra la actuación irresponsable de los políticos. En primer lugar, la irresponsabilidad política no es punible en España, ya que no es posible multar a un político que miente o que cambia repentinamente de parecer, en segundo lugar, la inmunidad parlamentaria blinda a los congresistas y a los senadores ante el poder judicial, ya que no pueden ser procesados mientras ejercen su cargo, a no ser que la Cámara lo permita por mayoría, y, en tercer lugar, cuando se actúa perjudicialmente para un municipio o administración superior legítimamente y es necesario reparar los daños, la persona jurídica sobre la que recae la obligación de correr con los gastos es el ente estatal y nunca ni en parte el político.
Estos tres escudos, unidos a la escasa participación política ciudadana, a las pocas vías que tiene el pueblo para expresarse y al constante dominio de los medios de comunicación de masas provocan que el político se sienta como algo parecido a un dios que puede hacer y deshacer a voluntad, siempre que no contradiga al jefe del partido. Si metemos en el saco un sueldo nada deleznable y popularidad a raudales, ser político hoy en día es el negocio perfecto, y negociar sobre las arcas públicas siempre va en detrimento de todos los contribuyentes. Hacen falta, pues, muchas reformas en leyes como la LOREG, reguladora del Régimen Electoral General, un mayor apoyo a las ILP (iniciativas legislativas populares) y un aumento de la frecuencia de las consultas populares a través de referendos.
